Fueron 725 empresas las que durante la dictadura dejaron de pertenecer a todos los chilenos para quedar en manos de un peque챰o grupo econ처mico que surgi처 y se consolid처 en los a챰os del r챕gimen de Augusto Pinochet, de acuerdo a la investigaci처n que hoy evacu처 la comisi처n investigadora de las privatizaciones de empresas del Estado entre 1973 y 1990.
El informe elaborado por los siete integrantes de la Concertación –dado que en la comisión no participaron los diputados de derecha nombrados para efectuar este trabajo- demuestra que al menos se perdieron 2.500 millones de dólares en cifras de la época por la transferencia de las 30 empresas más grandes, lo que de acuerdo al PIB correspondería hoy a un total de 6.000 millones de dólares.
La cifra podr챠a ser incluso m찼s abultada. Carlos Montes, presidente de la comisi처n, explic처 que los n첬meros resultan de la cifra de p챕rdidas que entreg처 la Contralor챠a, considerando una treintena de empresas privatizadas entre 1978 y 1990, y que constituye una disminuci처n de 2.223 millones de d처lares al erario nacional de la 챕poca. Los diputados redondean la cifra en 2.500 millones de d처lares de entonces y 6.000 de hoy por efecto de la gran cantidad de empresas que no fue considerada en el informe del 처rgano contralor.
Todas la compa챰챠as fueron vendidas en un valor mucho menor al real cuando fueron enajenadas. As챠, la Compa챰챠a de Aceros del Pac챠fico (CAP) fue vendida en 105,5 millones de d처lares, cuando su valor real ascend챠a a 811,5 millones de d처lares, lo que en definitiva represent처 un tercio de la p챕rdida total del patrimonio de CORFO.
La p챕rdida patrimonial de Soquimich implic처 261,9 millones de d처lares menos que el valor real. CORFO dej처 de percibir 184 millones de d처lares, por la venta de la azucarera estatal IANSA. Endesa represent처 una p챕rdida de 895,6 millones de d처lares, Chilgener (hoy Gener) 171,1 millones de d처lares, Chilectra 96,4 millones de d처lares y Banco de Chile 66,9 millones de d처lares.
Asimismo, se perdieron 15.000 terrenos de bienes nacionales, de los cuales 11.000 fueron a parar directamente a manos de privados. “Estamos hablando de cerca de 8 millones de hectáreas que estaban en manos del Estado, cerca de 20 % se mantuvo en poder de campesinos, pero el resto fue transferido a otros privados”, explicó Montes.
El valor esencial del informe, m찼s all찼 de los n첬meros, es seg첬n Montes “jugar el rol de una especie de informe Rettig o informe Valech, o sea entregar una visión global del tema y esperamos que a partir de esto haya otras comisiones que trabajen”.
En este sentido, el informe pide que se entregue copia al Consejo de Defensa del Estado para que se analicen las irregularidades y se decida, si a첬n no est찼n prescritas, las acciones que debe emprender el Estado de Chile para evitar que un proceso as챠 se repita.
Los favorecidos
El presidente de la comisión destacó la magnitud del fenómeno de transferencia de patrimonio público, la vinculación de estos traspasos a la concentración de propiedad actual y la irrupción de “ciertos grupos económicos que se configuraron a partir de ese proceso y cómo esto afecta hoy a la mala distribución de ingresos que existe en Chile”.
Durante los 17 a챰os del r챕gimen dictatorial, el PIB creci처 s처lo un 2,9%, per챠odo en que el quintil m찼s bajo de la poblaci처n chilena redujo su gasto en los hogares desde 7,6% a 4,4%, mientras que el 20% m찼s alto de la sociedad lo elev처 entre 44,5% a 54,9%.
Montes dijo que si bien “ha habido grupos económicos previos, que se vieron fortalecidos, especialmente destacamos un grupo de tecnócratas de una clara orientación política, que en definitiva estaban vinculados a las empresas o a instancias públicas de decisión y que terminaron teniendo una fuerte influencia en el manejo de estos recursos”.
La comisi처n determin처 que se usaron mecanismos formales, creados previamente por funcionarios de gobierno, los mismos que luego utilizaron la informaci처n privilegiada que manejaban para apropiarse de las empresas a un costo muy depreciado. Fue as챠 como no se consider처 legal ni 챕ticamente reprobable que funcionarios de CORFO pasaran a ser due챰os o directores de las empresas privatizadas.
CORFO fue un organismo esencial para las privatizaciones irregulares. El 30% de los recursos obtenidos en el proceso privatizador de las compa챰챠as se us처 para otorgar cr챕ditos para la adquisici처n de acciones de otras empresas que estaban en manos del Estado.
El 70% restante fue destinado a Fondos de la Naci처n sin individualizaci처n, lo que implica que fueron utilizados como cualquier ingreso del Fisco, para gasto corriente.
Los ingresos no se destinaron a nuevas colocaciones ni a reducciones de endeudamiento, lo que tambi챕n signific처 p챕rdida patrimonial, sino que fueron destinados b찼sicamente a reducir el d챕ficit fiscal que ven챠a del per챠odo anterior y, posteriormente, a compensar la p챕rdida de ingresos fiscales que gener처 la reforma tributaria que disminuy처 los ingresos, adem찼s de la creaci처n de las AFP, que tambi챕n fue financiada por el Estado.
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