Galeria de "inocentes palomas"

Domingo 5 de diciembre de 2004

language=javascript> Diez civiles clave del r챕gimen que tortur처 al menos a 28 mil chilenos Los Imperdonables

Ninguno de ellos coloc처 un c찼todo de electricidad o introdujo ratones en los cuerpos de algunos de los miles de prisioneros torturados. Ni siquiera los golpearon. Pero como lo reconoci처 el general Juan Emilio Cheyre, en esto hubo una responsabilidad institucional, que por cierto va m찼s all찼 de los uniformados. Fue un entramado pol챠tico, jur챠dico y comunicacional que dio sustento al r챕gimen militar, tal como lo consigna el informe sobre Prisi처n Pol챠tica y Tortura. Estos hombres no vistieron uniforme, pero s챠 se pusieron la camiseta para avalar estos horrores. Algunos dicen que no sab챠an, que fueron enga챰ados y que incluso ayudaron para que estos hechos no siguieran ocurriendo. El 76 por ciento de los consultados por la Fundaci처n Futuro cree que s챠 sab챠an. El 84 por ciento estima que deben pedir perd처n. Y usted 쩔qu챕 cree?

Ana Ver처nica Pe챰a

La Naci처n

 

AGUST챠N EDWARDS

Los atentados y restricciones a la libertad de expresi처n durante la dictadura fueron los m찼s duros y extensos en la historia de Chile. Desde el mismo d챠a del golpe se cerraron y se expropiaron medios. Centenares de periodistas debieron salir al exilio. Decenas fueron detenidos y torturados y algunos hasta asesinados, como el editor de An찼lisis Jos챕 Carrasco.

Sin embargo, los medios que subsistieron -El Mercurio, La Tercera, Qué Pasa, Ercilla y La Nación- nada dijeron al respecto, salvo para justificar los hechos en toda su dimensión. De ahí que el Informe sobre Prisión Política y Tortura sostenga que los medios de comunicación durante la dictadura “constituyeron un soporte cotidiano del gobierno”.

Como caso emblemático, el informe reproduce un editorial de El Mercurio del 5 de octubre de 1973, en el cual se afirma que la actuación de los servicios de seguridad estaba “plenamente justificada” porque el país se encontraba en guerra. También alude a un editorial de Las Ultimas Noticias, de abril de 1978, en el que se celebraba el “buen criterio, ponderación y responsabilidad” con que actuaba el régimen.

El informe no lo incluye, pero resulta memorable también un titular de La Segunda, de junio de 1975, que dio cuenta de la muerte de 119 chilenos que a esa fecha figuraban en las listas de detenidos desaparecidos: “Miristas se matan como ratas”. Sobre el mismo caso, hoy conocido como Operación Colombo, El Mercurio publicó que “estos seudo detenidos o secuestrados son transportados a Argentina a fin de que se incorporen a movimientos guerrilleros y, tras recibir adiestramiento, son retornados a Chile”.

Todos estos medios estaban en las manos y bajo la atenta mirada de su dueño, Agustín Edwards Eastman. El ‘Duny’, como le llaman sus cercanos, no ha hecho ningún gesto de arrepentimiento.

La Tercera también hizo lo suyo y reprodujo esta noticia tal y como la presentó la DINA en sus comunicados. Incluso fue más allá. Sostuvo que el hallazgo de los cadáveres “ponía en descubierto las burdas maniobras con que los elementos de izquierda se preparaban para esperar a la llamada Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas”, agregando que Amnesty International “no tendrá otra cosa que borrar sus nombres de la lista de personas desaparecidas en Chile”. El director de La Tercera a esa fecha era Alberto Guerrero.

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JAIME GUZMÁN

El asesinado senador fue de los primeros civiles en ponerse a disposici처n de los militares. No ejerci처 cargo de autoridad en el gobierno, pero oper처 en las sombras; al principio, como principal asesor y consejero de la Junta Militar y de Pinochet -a quien incluso le escrib챠a sus discursos- y, tiempo despu챕s, como miembro de la Comisi처n de Estudios de la Nueva Constituci처n y luego de la Comisi처n de Estudios de Leyes Org찼nicas Constitucionales, que dieron sustento jur챠dico al r챕gimen.

Sólo días después del golpe de Estado, en una de sus primeras minutas a la Junta, Guzmán marcaba la pauta de la brutalidad con que actuaron los servicios de seguridad: “El éxito de la Junta está directamente ligado a su dureza y energía, que el país espera y aplaude. Todo complejo o vacilación a este propósito será nefasto. El país sabe que afronta una dictadura y lo acepta... Transformar la dictadura en dicta-blanda sería un error de consecuencias imprevisibles”.

El fundador del gremialismo y miembro de Patria y Libertad (entre 1970 y 1972), tenía en mente desde los inicios del régimen la creación del movimiento que en 1983 se convirtió en la UDI, un partido a la medida del régimen. De hecho él mismo lo definió como “un nuevo movimiento cívico-militar que respalde a la Junta y dé prolongación fecunda y duradera a su gestión”, cuando propuso su creación, en otro memorando a la Junta fechado en octubre de 1973. Tiempo después, en 1978, los gremialistas se declararon abiertamente pinochetistas.

Fue as챠 que el gremialismo -y UDI despu챕s- se levant처 como el principal grupo de poder de la dictadura. La historia se encarga de confirmarlo. Los nueve senadores de la UDI en ejercicio fueron funcionarios de Pinochet y la mayor챠a de sus diputados fueron alcaldes designados o directivos de la Secretar챠a Nacional de la Juventud. Todos los presidentes que la UDI ha tenido fueron tambi챕n funcionarios del r챕gimen: Julio Dittborn fue director de Pro Chile, director de la Refiner챠a de Con Con y subdirector de Odeplan, Jovino Novoa fue subsecretario de Gobierno y Pablo Longueira fue asesor del ministerio de Vivienda y Urbanismo.

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JOVINO NOVOA

Después de conocer el Informe Valech, Jovino Novoa dijo que los civiles que cumplieron funciones en la dictadura no tenían causa, razón o motivo para sentirse avergonzados o arrepentidos. “La participación de los civiles significó una mejoría notable en la situación de los derechos humanos”, sostuvo, refiriéndose a la “civilización” del régimen iniciada en 1978, cuando la DINA fue reemplazada por la CNI y asumió el ministerio del Interior el hoy senador por la UDI Sergio Fernández. Mérito que también le correspondería, porque él entró al gobierno militar en junio de 1979.

Pero si bien el Informe Valech sostiene una baja numérica de las prácticas de tortura después de esa fecha, igualmente consigna que de ahí en adelante el sistema de violación de los derechos humanos “se caracterizó por un mayor refinamiento”, tanto en el uso de instrumentos jurídicos que facilitaron la tortura como en el empleo de aparatos más sofisticados, que permitían graduar el voltaje de la electricidad que aplicaba a las víctimas.

“La autorización para mantener incomunicados a los detenidos por largos períodos ...favorecía la aplicación de torturas”, afirma el informe. Y esas autorizaciones venían del Ejecutivo en el que Novoa participaba.

Mientras Novoa fue subsecretario General de Gobierno, en esas dependencias se planeó el asesinato de Tucapel Jiménez. Y, según afirmó el hijo del sindicalista a LND, Novoa fue quien “dio la orden de perseguir y amedrentar” a su padre. El crimen lo ejecutaron miembros de la Secretaría Nacional de los Gremios, que estaba a su cargo. Los tribunales no encontraron razones para juzgar a Novoa.

Adem찼s del control de la Secretar챠a de los Gremios, la Segegob ten챠a a su cargo la Secretar챠a Nacional de la Mujer y de la Juventud y la movilizaci처n de civiles para los actos del r챕gimen. Tambi챕n le correspond챠a ejercer el control de los medios de comunicaci처n, que inclu챠a el nombramiento de ejecutivos y directores en TVN y La Naci처n, la censura previa ejercida por Dinacos y la implementaci처n de la pol챠tica comunicacional.

Al t챕rmino de sus servicios en el aparato de gobierno, Novoa asumi처 como jefe de servicios informativos de El Mercurio.

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RICARDO GARCÍA

Ricardo Garc챠a Rodr챠guez reemplaz처 a Sergio Onofre Jarpa en el ministerio del Interior en febrero de 1985, implementando una pol챠tica a첬n m찼s dura que la de su antecesor. Debut처 en el cargo con el caso degollados, ocurrido en marzo del mismo a챰o, que termin처 con tres profesionales comunistas muertos y abandonados en un camino en Quilicura y determin처 la salida de la Junta Militar del director general de Carabineros C챕sar Mendoza. Al mes siguiente fue secuestrada la sic처loga Carmen Andrea Hales, hija del ex ministro de Miner챠a Alejando Hales y hermana del diputado Patricio Hales.

En julio de 1986, durante la represi처n de una protesta, son quemados vivos los j처venes Carmen Gloria Quintana y Rodrigo Rojas Denegri, quien fallece a consecuencia de las lesiones.

Tras el atentado contra Pinochet, en septiembre de ese mismo a챰o, Garc챠a decreta el estado de sitio. La medida se tradujo en allanamientos masivos y diversas operaciones en toda la Regi처n Metropolitana, con m찼s de un centenar de detenidos; entre ellos, el ahora Presidente Ricardo Lagos, el actual diputado Patricio Hales, el ex ministro Germ찼n Correa, entonces dirigente del MDP, y el sacerdote Rafael Maroto. Simult찼neamente decret처 el cierre de las revistas An찼lisis, Apsi, Hoy, Cauce y La Bicicleta, del diario Fort챠n Mapocho y las agencias Ansa, Reuter y Lat챠n Reuter.

En la madrugada del 9 de septiembre fueron detenidos en sus domicilios el editor internacional de An찼lisis Jos챕 Carrasco, el electricista Felipe Rivera, el publicista Abraham Muskatblic y Gast처n Vidaurr찼zaga. Al d챠a siguiente aparecieron los cuerpos de los cuatro infortunados, con 15 balazos cada uno.

En 1987, poco antes de abandonar el cargo, Ricardo Garc챠a firma el requerimiento en contra del dirigente socialista Clodomiro Almeyda.

Su hermano, Juan Ignacio Garc챠a, fue designado director del Servicio Electoral cargo que desempe챰a hasta hoy.

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CURA HASBÚN

Entre las v챠ctimas de la dictadura se cuentan cuatro sacerdotes asesinados: Miguel Woodward, Juan Alsina, Gerardo Poblete y Andr챕 Jarl찼n. Otro, Antonio Llid처, engros처 las listas de los desaparecidos tras ser detenido por la DINA en 1974. Decenas de curas y monjas sufrieron tortura en centros de detenci처n y centenares debieron abandonar el pa챠s con 처rdenes de expulsi처n.

Mientras todo esto ocurría, Hasbún se dedicaba a dar sus opiniones por las pantallas de canal 13, en las páginas de El Mercurio y en radio Agricultura. Desde allí apoyó y alentó a las fuerzas de seguridad y al régimen en general. También fue un ferviente defensor de Colonia Dignidad. El Informe Valech señala que “hubo testimonios que coincidieron en señalar que algunos detenidos por la DINA o la CNI fueron trasladados a la Colonia Dignidad. Ex detenidos la mencionan como centro de detención y tortura”.

Hasbún sostuvo en su oportunidad que Chile debía estar “agradecido” de la DINA, que el sufrimiento de Pinochet en Londres era similar al de Jesucristo y que el juez Garzón era un “sinvergüenza”. En una de sus últimas intervenciones en Canal 13, dijo que los socialistas son “intrínsecamente antipatrias” y “parásitos que profitan chupando la sangre ajena”. Hoy sigue haciendo de las suyas en las pantallas del Mega, el canal de Ricardo Claro.

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SERGIO ONOFRE JARPA

Sergio Onofre Jarpa es uno de los 39 extraditables del juez Garz처n. Este fundador de RN y ex presidente del partido fue delegado del r챕gimen ante la ONU en 1974, embajador en Colombia y en Argentina y ministro del Interior entre 1983 y 1985. Su misi처n en esta cartera fue encabezar la apertura, la transici처n que terminar챠a por entregar el gobierno a la civilidad. En ese contexto inici처 el di찼logo con la opositora Alianza Democr찼tica, bajo los oficios del cardenal Juan Francisco Fresno. Pero ello no detuvo la ola de violencia pol챠tica, todo lo contrario.

A s처lo un d챠a de haber asumido, el 11 de mayo de 1983, sac처 10 mil soldados a la calle para hacer frente a la primera protesta nacional. Hubo decenas de muertos y centenares de heridos, especialmente en las poblaciones m찼s populares.

Su mandato estuvo lleno de hitos en la violación de los derechos humanos. La comisión Rettig consignó decenas de muertes a manos de los servicios de seguridad durante su período, algunas en acciones concertadas. Como la ocurrida el 7 de septiembre del mismo año, cuando la CNI ejecutó a cinco miristas en calle Fuenteovejuna y Janequeo. En este proceso, Jarpa declaró como inculpado. El 11 de noviembre de 1983, Sebastián Acevedo se quemó a lo bonzo en la plaza de Concepción, como una manera desesperada de exigir que la CNI liberara a sus dos hijos que estaban siendo torturados en recintos secretos. El hecho dio pie para la creación del Movimiento Nacional Contra la Tortura Sebastián Acevedo, que quiso oponer la no violencia a la brutalidad del régimen. Sus miembros fueron violentamente reprimidos en cada una de sus manifestaciones, no sólo por carabineros, sino también por los memorables “gurkas”, civiles que se infiltraban entre los manifestantes y que hicieron su debut con Jarpa.

En agosto de 1984, tuvo lugar otro operativo simult찼neo de la CNI en varias ciudades del sur, que dej처 7 miristas muertos.

Mientras Jarpa estuvo en Interior, se cre처 tambi챕n la Dicomcar, el aparato de inteligencia de Carabineros, que oper처 impunemente durante este per챠odo, igual que el Comando de Vengadores de M찼rtires, Covema.

Jarpa tampoco trepid처 en aplicar la Ley de Seguridad Interior del Estado para clausurar medios y aplicar una f챕rrea censura a otros, que termin처 con ediciones de revista Hoy, Apsi y An찼lisis con p찼ginas en blanco. Las detenciones, amedrentamientos, golpizas y relegaciones de periodistas se hicieron cotidianas.

Jarpa dej처 su cargo en medio del Estado de Sitio.

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AMBROSIO RODRÍGUEZ

El ahora presidente del Tribunal Supremo de RN, Ambrosio Rodr챠guez, comenz처 sus servicios a la dictadura como encargado de los sumarios a los profesores de la Escuela de Periodismo de la Universidad de Chile, reci챕n acaecido el golpe de Estado. Por esa v챠a expuls처 al 80 por ciento de los docentes, aduciendo que impart챠an marxismo en sus clases.

En 1977 tuvo una oscura participaci처n, en calidad de abogado de la familia, en la desaparici처n en Argentina del matrimonio chileno integrado por Jacobo Stoulman y Matilde Pessa. Pese a ser citado a declarar en varias oportunidades en este caso, nunca se present처 ante tribunales.

A poco andar se transformó en asesor jurídico del ministerio del Interior y, en esa calidad, en 1978, declaró a la prensa que “los supuestos desaparecidos” estaban viviendo en el extranjero con identidades falsas. En el mismo cargo, en 1980 representó al gobierno militar en la vista del recurso de amparo que buscaba dejar sin efecto la expulsión del país del DC Jaime Castillo Velasco, presidente de la Comisión Chilena de Derechos Humanos. Y ganó la contienda.

A챰os despu챕s se le invent처 el cargo de Procurador General de la Rep첬blica para darle m찼s prestancia. All챠 estaba cuando, en 1988, se ejecut처 la Operaci처n Albania, que termin처 con 12 miembros del FPMR muertos a manos de la CNI. Para validar la tesis del enfrentamiento, que luego los tribunales se encargaron de desvirtuar, Rodr챠guez asegur처 que todo se hab챠a hecho en presencia de un juez y un fiscal.

Tras el t챕rmino de la dictadura, Rodr챠guez ha complementado sus actividades pol챠ticas con el ejercicio de su profesi처n de abogado, en la defensa de Augusto Pinochet, en Londres y Santiago; del ex director de la CNI Humberto Gordon; de los procesados en el Caso Degollados; de Augusto Pinochet junior en el caso Pinocheques; y en la mism챠sima Operaci처n Albania.

También asumió la defensa del ex ministro de la Corte Suprema Hernán Cereceda Bravo, destituido por el Senado “por notable abandono de deberes” en el caso de Alfonso Chanfreau, desaparecido en 1974.

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MANFREDO MAYOL

Manfredo Mayol es en la actualidad uno de los samur찼is de Lav챠n, encargado del manejo comunicacional de su candidatura. Misma funci처n que cumple en la UDI, en donde ha tenido una importante participaci처n en el manejo del caso Spiniak. En mayo de este a챰o, tras la salida de Longueira de la presidencia del partido, Mayol obtuvo la primera mayor챠a como integrante de la nueva comisi처n pol챠tica de la colectividad.

En tiempos de dictadura, Mayol fue vicepresidente de Radio Miner챠a, director de Ercilla y ejecutivo de canal 13 y TVN. Para el golpe, Mayol era subeditor de prensa en canal 13 y el sacerdote Ra첬l Hasb첬n el director del medio. Cuando Hasb첬n dej처 el cargo, en marzo de 1974, Mayol ascendi처 a editor. En 1978, para la consulta, era gerente de TVN.

Para el plebiscito del 88, era asesor del subsecretario de gobierno, coronel Alfonso Rivas, y fue uno de los convocados por el ministro del Interior Sergio Fern찼ndez para mejorar la franja del S챠, despu챕s que su primera edici처n alterara los 찼nimos de los pinochetistas. Fue uno de los creativos que puso a la ex esposa de Ricardo Lagos en la pantalla haciendo 챠ntimas y duras cr챠ticas a su ex c처nyuge. Lejos de repuntar, la franja del S챠 perdi처 m찼s adherentes.

A Mayol se le atribuye tambi챕n la autor챠a de varios tongos comunicacionales ideados para distraer la atenci처n p첬blica de los hechos que ocurr챠an en el pa챠s. Uno de ellos es el exagerado despliegue de prensa para el paso del cometa Halley, que finalmente casi nadie vio. Otro, m찼s ambicioso, fue en las apariciones de la virgen en Villa Alemana entre junio de 1983 y mediados de 1988, cuando las protestas contra el r챕gimen ard챠an.

El compromiso de Mayol con el r챕gimen fue m찼s all찼 de su desempe챰o profesional como publicista. Mayol integr처 el Frente Juvenil que surgi처 como un movimiento de apoyo al r챕gimen en la ceremonia de Chacarillas, en julio de 1977, y mantuvo estrechos v챠nculos con agentes de seguridad. De hecho, la propia defensa de Alvaro Corbal찼n Castilla, en el caso Operaci처n Albania, aport처 a tribunales la n처mina de vistas registradas en su residencia la noche anterior a cometerse el crimen. Entre ellas estaba Manfredo Mayol.

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RICARDO CLARO

Ricardo Claro se integr처 al gobierno militar como asesor del canciller, contraalmirante Ismael Huerta, el 12 de septiembre de 1973. D챠as despu챕s acompa챰처 a Huerta a Washington en lo que ser챠a la primera intervenci처n del r챕gimen ante la Asamblea de la ONU. Su funci처n fue bien espec챠fica: conseguir recursos econ처micos para el gobierno militar.

Para la realizaci처n de la sexta asamblea de OEA, en Santiago en 1976, Claro fue designado coordinador general del encuentro. Las violaciones de los derechos humanos fueron tema obligado y los esfuerzos de Pinochet y sus funcionarios dieron sus frutos: la resoluci처n final hizo una tibia censura que El Mercurio transform처 en apoyo total. El entonces presidente de la Comisi처n Chilena de Derechos Humanos, Jaime Castillo Velasco, y Andr챕s Zald챠var se las ingeniaron para hacer llegar a los delegados algunos documentos que denunciaban las muertes, desapariciones y torturas. Ricardo Claro los acus처 de traidores y el r챕gimen dispuso la expulsi처n de Castillo y la prohibici처n de ingreso de Zald챠var. Claro tambi챕n estuvo presente en la reuni처n que Pinochet sostuvo con Henry Kissinger en aquella ocasi처n.

A Claro tambi챕n se le ha vinculado en la detenci처n y desaparici처n de un grupo de trabajadores de Elecmetal, empresa de su propiedad. Seg첬n ha relatado Mario Fern찼ndez, hermano de dos de las v챠ctimas y ex trabajador de esa compa챰챠a, 챕l mismo presenci처 c처mo ellos fueron citados a la oficina de la gerencia por el interventor militar Patricio Altamirano, el gerente Gustavo Ross y el director, Fern찼n Gazmuri, para ser entregados a carabineros.

Hace un par de años Claro fue funado en las puertas de Megavisión. Los manifestantes aseguraron que Claro puso a disposición de las fuerzas de seguridad dos barcos de otra de sus empresas, la Compañía Sudamericana de Vapores, para ser usados como centros de detención y tortura. Uno de ellos, el Maipo, trasladó a 380 detenidos desde Valparaíso hasta Pisagua. Muchos de sus “pasajeros” perdieron la vida. El otro, el Lebu, cumplió el rol de cárcel flotante y más de dos mil personas pasaron por sus bodegas y camarotes.

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SERGIO DIEZ

El ahora presidente de RN fue delegado ante la Tercera Comisi처n de la Asamblea General ONU en 1975. All챠 le toc처 dar explicaciones por m찼s de un centenar de chilenos que figuraban como detenidos desaparecidos en listas elaboradas por organismos de derechos humanos.

En su impecable labor presentó documentos para desmentir las acusaciones. Entre ellos, falsos certificados de autopsia emitidos por el Instituto Médico Legal que indicaban la muerte en enfrentamiento de algunas de las víctimas. En otros casos mostró certificados del Registro Civil que afirmaban que algunos “no tenían existencia legal en Chile”.

La tienda de Diez tampoco está exenta de responsabilidad, pese a que a sus dirigentes les fascina sostener lo contrario, argumentando la “juventud” del partido. RN nació en plena dictadura. Su antecesor directo, el Movimiento de Unidad Nacional (MUN), encabezado por Andrés Allamand, fue digitado desde el gobierno en 1983 por el entonces ministro del Interior, Sergio Onofre Jarpa. La fundación de RN, en 1987, reunió al MUN con la UDI y el Frente Nacional del Trabajo, fundado por Jarpa cuando abandonó el gobierno, en 1985. Esta unidad se quebraría recién en 1988, cuando el plebiscito estaba ad portas.

Sus principales figuran tampoco nacieron ayer. De los siete senadores que hoy tiene RN, s처lo Alberto Espina no particip처 en el r챕gimen militar. Carlos Cantero fue alcalde designado; Mario R챠os Santander fue subsecretario general de Gobierno, director del 찼rea de salud de la Corporaci처n Nacional de Desarrollo Social, asesor de los ministros de Salud y Hacienda, presidente de Chile Films y alcalde designado; Antonio Horvath fue director de Vialidad en Ays챕n y luego seremi de Obras P첬blicas; Baldo Prokurica fue intendente subrogante y gobernador; Jos챕 Garc챠a Ruminot fue seremi de Gobierno, jefe del Departamento Social de la Intendencia y alcalde designado; y Sergio Romero fue subsecretario de Agricultura.

M찼s de la mitad de sus diputados tambi챕n tuvo cargos en el gobierno militar. Entre ellos, Alberto Cardemil, quien fue asesor del Ministerio de Agricultura, vicepresidente ejecutivo de Indap, representante del gobierno militar ante misiones especiales, subsecretario de Agricultura subrogante y subsecretario del Interior.