Por fin, Punto final...al olvido.

Queridos Amigos:

Comentando ayer con amigos de mi trabajo, uno de ellos, ruso de origen, me pregunto como me sentia de leer estas noticias. Le dije lo mismo que ahora, me siento emocionado y conmovido. Muy emocionado porque en mi patria de nacimiento comienza a develarse por fin la cortina de silencio y los culpables de los crimenes quedan al descubierto. Si su castigo sera pedir perdon, ir a la justicia o simplemente quedar como chalecos de mono ante la historia, eso sera asunto del pueblo de Chile. Pero lo cierto es que los crimenes de Chile no quedaran en silencio como en paises mas grandes, con crimenes mas grandes y con culpables que simplemente se dieron vuelta la chaqueta y siguieron gobernando con otro nombre. Pero no en Chile.

Marcos

 

language=javascript> Ricardo Gonz찼lez Se ‘judicializa’ el informe de torturas Mientras el Presidente Lagos sostuvo que ““Chile está siendo removido por un terremoto que afecta al alma del pueblo”, dos querellas abrieron la búsqueda de sanciones para los responsables intelectuales y directos de los apremios ilegítimos. lanacion.cl .textos P TABLE TR TD P { font: bold 9px Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; text-decoration: none; } Mientras el Presidente Ricardo Lagos definió ayer como un “terremoto” en el alma de Chile el informe sobre la tortura, se empezó a configurar el escenario que La Moneda no quisiera enfrentar: la ‘judicialización’ de los apremios ilegítimos allí detallados. En una columna editorial publicada por el diario estadounidense The Christian Science Monitor, Lagos escribió que “Chile está siendo removido por un terremoto que afecta al alma del pueblo, a la esencia misma de su ser”. En el escrito, el Presidente insiste en su defensa del trabajo que hizo la Comisión Valech frente al acoso de organismos de derechos humanos y de la izquierda comunista. “Chile ha sido capaz -tras tres décadas- de confrontar un capítulo oscuro en su historia, un profundo abismo de sufrimientos y tormentos”, subrayó Lagos. A su juicio, Chile asumió este desafío para lograr que la sociedad sane sus heridas y se reencuentre con la historia: “Es una verdad que previamente sólo se había sospechado, que algunos habían negado y sobre la que otros habían permanecido en silencio”. Asimismo, Lagos postuló que el proceso ha sido posible gracias al compromiso de la democracia. “Hemos avanzado con madurez y prudencia, pero sin pausa, en demoler las paredes donde la verdad estaba escondida”, afirmó. “Me siento profundamente conmovido por estos miles de testimonios. He sentido de cerca la magnitud del sufrimiento, la irracionalidad de la crueldad brutal que sufrieron y la inmensidad de su pena. Sin embargo, creo que el coraje de enfrentar esta verdad habla bien de los chilenos y de la madurez que hemos tenido”, agregó. Para Lagos, el documento muestra que “la detención política y la tortura fueron prácticas institucionales del Estado”. Indicó también que “nosotros hemos puesto un punto final al silencio, restaurando su dignidad ante los ojos de la sociedad. Además, existirá una reparación. Será modesta, pero simbolizará la obligación que tiene el Estado de reconocer su responsabilidad”. QUERELLAS Aunque el domingo 28, al entregar el informe a conocimiento público y anunciar las medidas de reparación, Lagos y sus ministros advirtieron que el trabajo de la Comisión Valech es independiente de la justicia, el propio ministro del Interior, José Miguel Insulza, había opinado días antes que no era propósito de La Moneda ‘judicializar’ el problema. De hecho, en fuentes de gobierno se sostiene que la idea de la Comisión Valech siempre fue que el informe representara el hito final de sanación y reconciliación, porque no se trata de una demostración, prueba o verdad jurídica. No obstante, también en el gobierno hay conciencia de que no hay mecanismos para bloquear las acciones que las víctimas quieran llevar a tribunales. El intento de palacio topa con la presión de abogados y organismos de derechos humanos, así como de partidos políticos del propio gobierno, que apuntan a abrir una suerte de ‘megaproceso’ por torturas. Dos se챰ales se registraron ayer: abogados del Partido Comunista y del PPD presentaron una querella contra el general (R) Augusto Pinochet y uno de sus ministros del Interior, el senador gremialista Sergio Fern찼ndez, por asociaci처n il챠cita, y diputados PPD pidieron una investigaci처n judicial. El escrito contra Pinochet y Fernández -que representa a 20 torturados- sostiene que hay datos de que ambos fueron “cómplices” de los apremios sufridos por 28 mil torturados. “Cuando se detenía a personas y eran derivadas a centros de detención, no se informaba a los familiares y tampoco cuando se recurría a los tribunales; pareciera que había oficios, circulares, instrucciones precisas de las autoridades públicas, que ordenaban a los organismos de seguridad no dar información”, argumentó el abogado del PPD Alfredo Morgado. Anoche, ex presos pol챠ticos y torturados protestaron en el frontis de La Moneda. El informe no fue suficiente para mitigar su dolor. La abogada comunista Julia Urquieta planteó, a su turno, que también se configuró el delito de asociación ilícita, “que permanece hasta hoy con el objetivo de encubrir los crímenes; por eso no es casual que no sepamos cuál fue el destino de los desaparecidos y ejecutados cuyos cuerpos no han sido encontrados”. Urquieta emplazó a La Moneda a que “el Estado proporcione en estos momentos todos los antecedentes del Informe Valech, porque estas querellas se basan fundamentalmente en los antecedentes que contiene este informe”. Al ser informado de la querella en su contra, el senador Fernández entregó un comunicado donde señala que se trata de una “maniobra política” y se declaró dispuesto a colaborar en tribunales. “No formularé declaración alguna, porque estamos en presencia de una mera maniobra política e instrumentalización del informe de la Comisión Valech”, afirmó. DIPUTADOS PPD Además, los parlamentarios pepedeístas Aníbal Pérez, Laura Soto y Guillermo Ceroni, solicitaron al pleno de la Corte Suprema la apertura de procesos criminales por los delitos contenidos en el Informe Valech. “Son delitos imprescriptibles, inamnistiables, y cuya jurisdicción universal obliga a los tribunales, sean chilenos o extranjeros, a conocer de los hechos, investigarlos y hacer efectivas las responsabilidades criminales comprometidas”, se sostiene en el escrito. Según la diputada Soto, “se trata de delitos de acción pública, por lo tanto los tribunales tienen la obligación de actuar, incluso sin que haya una presentación específica”. Ayer una encuesta de la Fundaci처n Futuro, que dirige el ex presidente de RN Sebasti찼n Pi챰era, revel처 que 84% cree que las personas o instituciones con alguna responsabilidad en los atropellos deber챠a pedir perd처n. Asimismo, 76% cree que los civiles que tuvieron cargos de responsabilidad durante el gobierno militar sab챠an de los casos de torturas.

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